Salió por fin publicada la Ley de Lengua de Signos Española y Catalana en el

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


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A continuación la copia literal de la Ley

BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 43251
18476 LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se
reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación
oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presenten vieren y entedieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
viven en una sociedad formada mayoritariamente
por personas oyentes por lo que, para su integración,
deben superar las barreras existentes en la
comunicación que son en apariencia, invisibles a los ojos
de las personas sin discapacidad auditiva. La presente
Ley intenta subsanar esta situación y propiciar su acceso
a la información y a la comunicación, teniendo presente
su heterogeneidad y las necesidades específicas de cada
grupo.
Igualmente, en la Ley rige el principio de libertad de
elección en la forma de comunicación por parte de las
personas sordas cualquiera que sea su discapacidad
auditiva y sordociegas, por lo que se reconoce y regula de
manera diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso
de la lengua de signos española, así como de los medios
de apoyo a la comunicación oral.
No cabe duda de que el lenguaje es el principal instrumento
de comunicación. El conocimiento y uso de una
lengua favorecen y posibilitan el acceso y la transmisión
del conocimiento y de la información, además de ser el
canal básico de vertebración de las relaciones individuales
y sociales. De este modo, la lengua no es una simple
manifestación de la libertad individual, sino que trasciende
los ámbitos personales y se convierte en una
herramienta ineludible para la vida en sociedad.
Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
no siempre pueden acceder a la información y a
la comunicación con el entorno, bien porque no disponen
de intérprete de lengua de signos, caso de las personas
sordas y sordociegas que sean usuarias de lengua de signos,
bien porque no disponen de los recursos de apoyo
necesarios para hacer posible la comunicación a través de
la lengua oral. Efectivamente, en la mayoría de las áreas
en las que debe aplicarse esta Ley no se dispone, en
muchas ocasiones, de adaptaciones visuales y acústicas
que permitan la mejora en la audición y recepción de la
información auditiva, o de los medios de apoyo necesarios
para la comunicación oral, o de servicio de intérpretes
de lengua de signos.
Especial dificultad reviste la sordoceguera, que es una
discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias
sensoriales (visual y auditiva), que genera, en las
personas que la padecen, problemas de comunicación
únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad
para percibir de manera global, conocer y, por tanto, interesarse
y desenvolverse en su entorno. Algunas personas
sordociegas son totalmente sordas y ciegas, mientras que
otras tienen restos auditivos y/o visuales.
La exigencia de publicidad como rasgo inherente del
Estado de Derecho, a través de la cual las normas tienen
que ser accesibles a toda la ciudadanía; la constatación de
que no puede hablarse de una participación real y efectiva
de la ciudadanía en el ámbito de un sistema democrático
sin el acceso a la información y a la comunicación y
sin la expresión de sus ideas y voluntades a través de una
lengua; la toma de conciencia de que sólo es posible
lograr una integración social y cultural de carácter universal,
desde la que la participación ciudadana se proyecte
en cualquier ámbito social y cultural –exigencia de un
Estado social– a través del acceso al conocimiento y uso
de la lengua son cuestiones que, junto a la importancia
que en las sociedades contemporáneas ha adquirido la
transmisión de información a través de medios escritos y
audiovisuales, obligan a considerar el uso y conocimiento
de una lengua como un derecho vinculado al libre desarrollo
de la personalidad y, en definitiva, al logro de una
vida humana digna.
En todo caso, el colectivo de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas es muy diverso y no
se ajusta a un único patrón comunicativo por el hecho de
no oír, o de no oír ni ver en el caso de la sordoceguera,
que combina ambas deficiencias. Por tanto, el uso de la
lengua oral o de las lenguas de signos españolas y el
apoyo a los medios de comunicación oral en su comunicación
con el entorno, en su aprendizaje, en el acceso a la
información y a la cultura, ha de responder a una opción
libre e individual que, en el caso de tratarse de menores,
corresponderá a sus padres o tutores.
II
Los antecedentes históricos sobre las lenguas de
signos en España se inician, desde el punto de vista
educativo, en el siglo XVI, cuando los monjes emprendieron
la labor de educar a niños sordos. El monje benedictino
don Pedro Ponce de León enseñó a comunicarse a
los niños sordos que estaban a su cargo, hecho que permitió
la reevaluación de las creencias profesadas durante
mucho tiempo respecto de las personas sordas, contribuyendo
a un cambio gradual de la mentalidad que se tenía
sobre las mismas y su lugar en la sociedad. Los monasterios
en esa época estaban obligados a guardar silencio y
se comunicaban utilizando signos manuales; así, por
ejemplo, los benedictinos tenían a su disposición «signos
para las cosas de mayor importancia, con los cuales se
hacían comprender». Pedro Ponce de León debió comprender,
que era posible expresar la razón sin habla, pues
él mismo lo hacía cada vez que manifestaba sus pensamientos
por medio de signos monásticos y empleó con
los niños sordos un sistema gestual de comunicación.
En el siglo XVII la metodología cambia, y así don
Manuel Ramírez de Carrión utilizó la pedagogía de su
época para instruir a los niños sordos preparándoles para
que se integraran en la sociedad.
En la segunda mitad del siglo XVIII, don Lorenzo Hervás
y Panduro publica su tratado: «Escuela española de
sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el
idioma español», que supone un hito fundamental en el
esfuerzo pedagógico para la integración de las personas
sordas.
La escuela española alcanzará a producir aún obras de
tanta trascendencia para la lengua natural de las personas
sordas, como el diccionario de mímica y dactilología
de Francisco Fernández Villabrille, que incluía 1.500 signos
de la lengua de signos española descritos para su
realización. Sin duda, se trata del paso más importante
hacia la estandarización de la lengua de signos española
dado hasta entonces, y una demostración del carácter no
sólo natural, sino histórico, de la lengua de signos española.
En el siglo XIX, con el establecimiento en España de
los primeros colegios de sordomudos y ciegos, se posibilita
la institucionalización de la educación de las personas
sordas, ciegas y sordociegas, con la consecuencia de la
interacción lingüística y social entre ellas, así como del
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inicio del desarrollo sistematizado de las protolenguas de
signos española y catalana.
El último cuarto del siglo XX supuso la reivindicación
de las lenguas de signos española y catalana como los
instrumentos de comunicación propios de las personas
sordas que optan libremente por alguna de ellas. Numerosos
encuentros nacionales e internacionales han debatido
sobre la necesidad de su reconocimiento y uso para
garantizar el acceso pleno a la educación, los servicios, la
vida económica y cultural, los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías de la información, así como su
necesidad para el correcto desarrollo personal y la participación
social de las personas sordas que han optado por
esta modalidad de comunicación.
La relevancia del uso y conocimiento de la lengua
constituye en la actualidad una realidad incuestionable.
No obstante, y a pesar de ello, esa construcción sobre la
importancia y relevancia de la lengua, se ha configurado
de espaldas a otras situaciones. En efecto, el reconocimiento
sobre el valor de la lengua debe responder a las
necesidades de las personas con discapacidad auditiva.
Las lenguas de signos españolas, siendo las lenguas
propias de las personas sordas y sordociegas que han
optado por esta modalidad lingüística, no han tenido el
reconocimiento, ni el desarrollo que les corresponde, y
ello a pesar de que numerosas investigaciones llevadas a
cabo en el ámbito nacional e internacional han puesto de
manifiesto que las lenguas de signos cumplen todos los
requisitos de una lengua natural y poseen unas características
gramaticales, sintácticas y léxicas propias. Recientemente
esta situación se ha subsanado y prueba de ello
es la aprobación de numerosas normas, entre las que
cabe destacar varios Estatutos de Autonomía, que reconocen
la importancia de las lenguas de signos.
III
En España, frente a otros países que carecen de esta
riqueza, la realidad de la lengua de signos adquiere una
nueva dimensión, ya que la existencia de la lengua de
signos catalana pone claramente de manifiesto cómo a
través de este vehículo de comunicación se puede colaborar
a la plena participación en la vida política, económica,
social y cultural.
La lengua de signos catalana, que es la lengua propia
de las personas sordas de Cataluña que han optado por
esta modalidad de comunicación, y la que usan, por tanto,
en sus comunicaciones de la vida diaria, se ha desarrollado
en Cataluña de una forma similar a como lo ha hecho
la lengua de signos española en el resto de España, de tal
forma que se ha ido consolidando una estructura lingüística
comunicativa íntimamente relacionada con el entorno
geográfico, histórico y cultural. El Parlamento de Catalunya
aprobó el día 30 de junio de 1994 la «Proposición no
de Ley sobre la promoción y la difusión del conocimiento
del lenguaje de signos», y algunas Universidades catalanas
ofrecen un programa de posgrado de «experto en
interpretación de lengua de signos catalana», cuya dimensión
profesional está garantizada a efectos laborales. En el
año 2005 aparece la primera «Gramática básica de lengua
de signos catalana» y existe, además, una amplia bibliografía
científica de gran valor lingüístico sobre la misma.
Finalmente, en el año 2006, el Estatuto de Autonomía de
Cataluña realizó un reconocimiento de la lengua de signos
catalana.
IV
La utilización de recursos que potencian y posibilitan
la comunicación vía oral, a través de los medios de apoyo
a la comunicación oral, como la labiolectura, las prótesis
auditivas, el subtitulado y cualquier otro avance tecnológico,
supone un derecho fundamental y básico de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
que han optado libremente por este medio de comunicación.
El siglo XX ha sido el momento de los avances más
vertiginosos en alianza con la medicina, la audiología, la
ciencia, la tecnología, la pedagogía y la lectura labial en
relación con la audición. Así, las aportaciones de estas
disciplinas han hecho realidad expectativas impensables
para la educación y el acceso a la comunicación oral de
las personas con discapacidad auditiva, así como a su
integración y participación más activa con su entorno.
Los avances tecnológicos permiten que una persona
sorda o con discapacidad auditiva y sordociega, estimulada
a través de sus prótesis auditivas y con recursos y
medios de apoyo a la comunicación oral, pueda acceder a
la lengua oral que es la de su entorno cultural, laboral y
social. Hay que tener en cuenta que las pérdidas auditivas
pueden ser congénitas, aparecer a edades tempranas y
también adquirirse a lo largo de la vida adulta, por lo que
hay que prever todos los recursos necesarios para favorecer
su máximo desarrollo personal, laboral, cultural e
incluso el académico, atendiendo a los principios de autonomía,
normalización, integración social y educativa y
participación en la vida en comunidad y contando con los
profesionales adecuados y debidamente cualificados que
puedan atender todas sus necesidades.
V
Durante mucho tiempo, la sociedad ha tomado como
referencia un modelo universal de ser humano a la hora
de proyectar la idea de dignidad. Y a partir de ahí, y no sin
un esfuerzo considerable, ha tratado de reconocer y valorar
las diferencias mediante el uso del principio de diferenciación
positiva. Este tipo de normas, maneja una idea
de igualdad que parte, precisamente, del reconocimiento
de la diferencia y que tiene como finalidad minimizar al
máximo los efectos que la misma produce para el disfrute
de los derechos y para el desarrollo de una vida humana
digna.
El tratamiento de la discapacidad no ha permanecido
al margen de esta tendencia. En los últimos años, tanto
en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido
una serie de normas que, entendiendo que la
situación de discapacidad es una situación relevante,
tienen como finalidad el reconocimiento de derechos
específicos.
Junto a ello, y directamente relacionado con la situación
de las personas con discapacidad, se ha pretendido
justificar ese tipo de medidas a través de otros razonamientos.
En efecto, desde la década de los años setenta
del siglo XX, se ha comenzado a vivir un cambio en el
modo de entender la discapacidad, que ha culminado en
una nueva manera de afrontar esta cuestión.
Estos cambios han tenido repercusiones en el ámbito
del Derecho internacional, donde el derecho a la igualdad
de oportunidades es reconocido en varios documentos,
entre los que se destaca las Normas Uniformes para la
Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad,
en el que la accesibilidad en la comunicación se
encuentra recogida en varias disposiciones. Así, la Organización
de las Naciones Unidas en su Resolución 48/96,
de 20 de diciembre de 1993, en concreto en su artículo 5°,
apartado 7, considera «la utilización de la lengua de signos
en la educación de los niños sordos, así como en sus
familias y comunidades. De igual modo, deben prestarse
servicios de interpretación de la lengua de signos para
facilitar la comunicación entre las personas sordas y las
demás personas». Al mismo tiempo, en el apartado 6, se
establece la obligación de los Estados de utilizar «tecnologías
apropiadas para proporcionar acceso a la información
oral a las personas con discapacidad auditiva».
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También la Unión Europea a través de la Carta de los
Derechos Fundamentales y el Consejo de Europa
mediante el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
reconocen el derecho de todas las personas a la igualdad
ante la Ley y a la protección contra la discriminación. La
Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas
con discapacidad a beneficiarse de medidas que
garanticen su autonomía, su integración social y su participación
en la vida en comunidad. Por su parte, la Agencia
Europea para las necesidades educativas especiales, en su
Documento de 2003 sobre los principios fundamentales
de la educación de necesidades especiales, recomienda a
los Estados un marco legislativo y político que apoye la
integración con dotación de medios que amplíen los desarrollos
y los procesos que trabajan hacia la inclusión.
Por otra parte, el Comité de Ministros del Consejo de
Europa elaboró una Recomendación sobre la Protección
de la lengua de signos en los Estados miembros del
Consejo de Europa (Doc. 9738 de 17 de marzo de 2003),
reconociendo la lengua de signos como un medio de
comunicación natural y completo con capacidad de promover
la integración de las personas con limitaciones
auditivas en la sociedad y para facilitar su acceso a la
educación, el empleo y la justicia. En la misma línea, la
Recomendación 1492 de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa de 2001 sobre los derechos de las
minorías nacionales ha recomendado a los Estados
Miembros que reconozcan oficialmente la lengua de signos.
Igualmente, en el mismo sentido, la Declaración del
Parlamento Europeo 1/2004 sobre los derechos de las
personas sordociegas indica que «las personas sordociegas
deberían tener los mismos derechos que los demás
ciudadanos de la Unión Europea y que estos derechos
deberían garantizarse mediante una legislación adecuada
en cada Estado miembro».
VI
En España, la Ley 51/2003, de 3 de diciembre, de Igualdad
de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad, se ha
sumado a esta nueva tendencia. Esta Ley, en desarrollo
de los preceptos de la Constitución Española tiende, entre
otras cuestiones, a promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas,
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitando su participación en la vida política,
cultural y social (artículo 9.2 de la Constitución española),
cumpliendo asimismo con la obligación de los
poderes públicos de prestar a las personas con discapacidad
la atención especializada que requieran para el disfrute
de los derechos que la Constitución reconoce a todos
los ciudadanos (artículo 49 de la Constitución Española).
El cumplimiento de los principios que inspiran la
Ley 51/2003, exige la adopción de un conjunto de medidas
que normalicen a la sociedad, en el sentido de abrirla
en el mayor grado posible a toda la ciudadanía y, cómo
no, a las personas con discapacidad, y que tengan como
principal finalidad situar a éstas en una igualdad de condiciones,
de oportunidades y de posibilidades para el
desarrollo de los derechos fundamentales y de una vida
digna (artículos 10.1 y 14 de la Constitución española). En
este sentido, la citada Ley contempla expresamente la
regulación de la lengua de signos y de los medios de
apoyo a la comunicación oral.
Así, desde la importancia que tiene la lengua como
instrumento de información y de conocimiento, y desde
el marco normativo constitucional y legal español, constituye
una obligación de los poderes públicos tanto el desarrollo
de medios que faciliten el acceso a la expresión
verbal y escrita de la lengua oral a las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas, cuanto la configuración
de una normativa básica sobre el aprendizaje,
conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas.
VII
La presente Ley viene a dar respuesta a ambas exigencias,
desde el convencimiento de que tanto la normalización
de la sociedad en relación con la cuestión de la discapacidad
cuanto la integración de las personas con
discapacidad en todo ámbito social, exige la promoción de
su posibilidad de comunicarse a través de la lengua, sea
oral y/o de signos. Posibilidad que no puede quedarse sólo
en el establecimiento de un conjunto de medidas dirigidas
directamente a las personas con discapacidad, sino que
debe proyectarse también en el resto de la ciudadanía,
garantizando la comprensión y el uso de la lengua oral y/o
de signos en todas aquellas instituciones y entidades en
las que se desempeña un servicio público, en aras de conseguir
así el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales.
No debe olvidarse que la eliminación de barreras
a la comunicación, hace desaparecer las dificultades de
comunicación entre personas con y sin limitaciones auditivas
–la comunicación implica un fenómeno relacional,
intersubjetivo– por lo que los beneficios no se limitan a un
grupo específico de personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas sino al conjunto de la sociedad.
La Ley parte de las capacidades y potencialidades de los
individuos, con el fin de garantizar la posibilidad de desarrollo
de las capacidades individuales, siempre desde el respeto
a la dignidad humana. Consciente de que las personas
con limitaciones auditivas y las sordociegas –en las que se
combinan dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva)–
tienen diferentes necesidades, lo que implica que algunas
personas opten por la comunicación a través de la lengua de
signos, mientras que otras prefieran la utilización de recursos
que potencian y posibilitan la comunicación vía oral, la
Ley reconoce el derecho de opción, y deja en definitiva la
elección en manos de los principales interesados: las personas
con discapacidad auditiva y sordociegas, o sus padres o
tutores cuando se trate de menores.
VIII
La Ley se estructura en un título preliminar, un título
primero con dos capítulos; un título segundo con dos
capítulos; siete disposiciones adicionales, una disposición
derogatoria y seis disposiciones finales.
La Ley, en su Título preliminar, determina el reconocimiento
y regulación de la lengua de signos española, sin
perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana
en su ámbito de uso lingüístico, y de los medios de
apoyo a la comunicación oral, el derecho al aprendizaje,
conocimiento y uso tanto de las lenguas de signos españolas
como de los medios de apoyo a la comunicación
oral permitiendo la libre elección de los recursos que
posibiliten su comunicación con el entorno. A su vez
regula los efectos que surtirá la aplicación de la Ley.
Por otra parte, enuncia los distintos conceptos que
surgen a lo largo de la presente normativa, deteniéndose
en cada uno de ellos, cuya explicación resulta imprescindible
para garantizar una adecuada interpretación de la
Ley; asimismo, se establecen los principios en los que
ésta se inspira. Por último, contiene las áreas en las que la
Ley es de aplicación, de conformidad con el principio de
transversalidad.
El Título primero está dedicado al aprendizaje, conocimiento
y uso de las lenguas de signos españolas, en concreto
en el capítulo I regula su aprendizaje en el sistema
educativo, y en el capítulo II se contiene el uso de las lenguas
de signos españolas a través de intérpretes de lenguas,
en las diferentes áreas públicas y privadas.
Finalmente se dispone la creación del Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua de Signos Española.
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El Título segundo está dedicado al aprendizaje, conocimiento
y uso de los medios de apoyo a la comunicación
oral, en concreto en el capítulo I regula dicho aprendizaje
en el sistema educativo, y en el capítulo II se contiene el
uso de los medios de apoyo a la comunicación oral en las
diferentes áreas públicas y privadas.
Por último, se dispone la creación del Centro Español
del Subtitulado y Audiodescripción.
La Ley en su Disposición adicional primera, crea una
Comisión de Seguimiento en el seno del Consejo Nacional
de la Discapacidad y establece el plazo de un año para
su constitución.
La disposición adicional segunda establece las garantías
de dotación estructural.
La disposición adicional tercera contempla las garantías
jurídicas en relación con el arbitraje y la tutela judicial.
La disposición adicional cuarta determina el régimen
transitorio de la situación de los intérpretes y profesionales
de las lenguas de signos españolas.
La disposición adicional quinta encomienda al
Gobierno la elaboración de un estudio sobre los profesionales
de las lenguas de signos y las titulaciones necesarias
para su desempeño.
La disposición adicional sexta está dedicada a la atención
especial que requieren las personas con sordoceguera.
La disposición adicional séptima hace referencia a la
financiación de las ayudas técnicas a la audición.
La disposición derogatoria, revoca cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en la Ley.
La disposición final primera contempla el carácter
básico de la Ley.
La disposición final segunda establece la supletoriedad
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
La disposición final tercera considera la financiación
de la Ley.
La disposición final cuarta otorga facultades de ejecución
y desarrollo de la Ley.
La disposición final quinta determina la aplicación
gradual de la Ley.
La disposición final sexta regula la entrada en vigor de
la Ley.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto de la ley.
La presente Ley tiene por objeto reconocer y regular
la lengua de signos española como lengua de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en
España que libremente decidan utilizarla, sin perjuicio
del reconocimiento de la lengua de signos catalana en
su ámbito de uso lingüístico, así como la regulación de
los medios de apoyo a la comunicación oral.
Asimismo la presente Ley tiene por objeto reconocer
la lengua de signos catalana, como lengua de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
en Cataluña, que libremente decidan utilizarla,
sin perjuicio de la ulterior regulación legislativa y
reglamentaria que pueda corresponder a la Generalitat
de Cataluña, en desarrollo de sus competencias.
Todas las alusiones que esta Ley hace a la lengua
de signos española se entenderán hechas a las demás
lenguas de signos españolas, para su ámbito territorial
propio, sin perjuicio de lo que establezca la normativa
propia de las respectivas comunidades autónomas en
el ejercicio de sus competencias.
También es objeto de esta Ley la regulación de los
medios de apoyo a la comunicación oral destinados a
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Artículo 2. Derecho al aprendizaje, conocimiento y
uso de las lenguas de signos españolas y de los
medios de apoyo a la comunicación oral.
Se reconoce el derecho de libre opción de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de
signos españolas, y a los distintos medios de apoyo a
la comunicación oral, en los términos establecidos en
esta Ley.
Artículo 3. Efectos de la Ley.
1. Las normas establecidas en la presente Ley
surtirán efectos en todo el territorio español, sin perjuicio
de la regulación que corresponda en el ámbito
de las Comunidades Autónomas, garantizándose en
todo caso la igualdad a que se refiere la disposición
final primera.
2. En la presente Ley se establecen las medidas y
garantías necesarias para que las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas puedan,
libremente, hacer uso de las lenguas de signos españolas
y/o de los medios de apoyo a la comunicación
oral en todos las áreas públicas y privadas, con el fin
de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades
constitucionales, y de manera especial el libre
desarrollo de la personalidad, la formación en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales, el
derecho a la educación y la plena participación en la
vida política, económica, social y cultural.
3. Las medidas y garantías establecidas en el
título II de esta Ley serán de plena aplicación a las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
usuarias de las lenguas de signos españolas cuando
hagan uso de las lenguas orales.
Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Lengua de signos: Son las lenguas o sistemas
lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y
manual en cuya conformación intervienen factores históricos,
culturales, lingüísticos y sociales, utilizadas tradicionalmente
como lenguas por las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas signantes en
España.
b) Lengua oral: Son las lenguas o sistemas lingüísticos
correspondientes a las lenguas reconocidas oficialmente
en la Constitución Española y, para sus respectivos
ámbitos territoriales, en los Estatutos de Autonomía, utilizada
como lengua por las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas oralistas en España.
c) Medios de apoyo a la comunicación oral: son
aquellos códigos y medios de comunicación, así como los
recursos tecnológicos y ayudas técnicas usados por las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
que facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita
de la lengua oral, favoreciendo una comunicación con el
entorno más plena.
d) Personas sordas o con discapacidad auditiva: Son
aquellas personas a quienes se les haya reconocido por
tal motivo, un grado de minusvalía igual o superior al 33
por ciento, que encuentran en su vida cotidiana barreras
de comunicación o que, en el caso de haberlas superado,
requieren medios y apoyos para su realización.
e) Personas con sordoceguera: Son aquellas personas
con un deterioro combinado de la vista y el oído que
dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a
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la movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente las
habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente
autónoma, requiere servicios especializados, personal
específicamente formado para su atención y métodos
especiales de comunicación.
f) Usuario o usuaria de una lengua: Es aquella persona
que utiliza una determinada lengua para comunicarse
con el entorno. Aquellas personas que son usuarias
de dos lenguas son consideradas como bilingües.
g) Usuario o usuaria de la lengua de signos: Es aquella
persona que utiliza la lengua de signos para comunicarse.
h) Usuario o usuaria de medios de apoyo a la comunicación
oral: aquella persona sorda, con discapacidad
auditiva y sordociega que precisa de medios de apoyo a
la comunicación oral para acceder a la información y a la
comunicación en el entorno social.
i) Intérprete de lengua de signos: Profesional que
interpreta y traduce la información de la lengua de signos
a la lengua oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar
la comunicación entre las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, que sean usuarias de esta
lengua, y su entorno social.
j) Guía-intérprete: Profesional que desempeña la
función de intérprete y guía de la persona sordociega,
realizando las adaptaciones necesarias, sirviéndole de
nexo con el entorno y facilitando su participación en
igualdad de condiciones.
k) Educación bilingüe: Proyecto educativo en el que
el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un
entorno en el que coexisten dos o más lenguas que se
utilizan como lenguas vehiculares. En el caso de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se
referirá a las lenguas orales reconocidas oficialmente y
las lenguas de signos españolas.
l) Logopeda y Maestro/a Especialista en audición y lenguaje:
Profesionales especializados en sistemas alternativos
y/o sistemas aumentativos de apoyo a la comunicación oral,
que estimulan y facilitan el desarrollo de la misma.
Artículo 5. Principios generales.
Esta Ley se inspira en los siguientes principios:
a) Transversalidad de las políticas en materia de lengua
de signos y medios de apoyo a la comunicación oral:
Las actuaciones que desarrollen las Administraciones
Públicas no se limitarán únicamente a planes, programas
y acciones específicos, pensados exclusivamente para las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
usuarias de dichas modalidades lingüísticas o medios
de apoyo, sino que han de comprender las políticas y
líneas de acción de carácter general en cualquiera de los
ámbitos de actuación pública, teniendo en cuenta las
diversas necesidades y demandas de las personas usuarias
de las mismas.
b) Accesibilidad universal: Los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos,
herramientas y dispositivos deben cumplir las
condiciones necesarias para ser comprensibles, utilizables
y practicables por todas las personas en condiciones
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y
natural posible.
c) Libertad de elección: Las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas y, en su caso, sus
padres o representantes legales, en el supuesto de que
sean menores de edad o estén incapacitadas podrán optar
por la lengua oral y/o la lengua de signos española y/o las
lenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas.
d) No discriminación: Ninguna persona podrá ser
discriminada ni tratada desigualmente, directa o indirectamente,
por ejercer su derecho de opción al uso de la
lengua de signos española y/o de las lenguas de signos
propias de las Comunidades Autónomas y/o de medios
de apoyo a la comunicación oral en cualquier ámbito, sea
público o privado.
e) Normalización: Principio en virtud del cual las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
deben poder llevar una vida normal, accediendo a los
mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a
disposición de cualquier persona.
Artículo 6. Ámbito de aplicación.
De acuerdo con el principio de transversalidad de las
políticas en materia de discapacidad, lo dispuesto en esta
Ley se aplicará en las siguientes áreas:
1. Bienes y servicios a disposición del público.
2. Transportes.
3. Relaciones con las Administraciones Públicas.
4. Participación política.
5. Medios de comunicación social, telecomunicaciones
y sociedad de la información.
TÍTULO I
Aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas
de signos españolas
CAPÍTULO I
Aprendizaje y conocimiento de las lenguas de signos
españolas
Artículo 7. Del aprendizaje en la Formación Reglada.
1. Las Administraciones educativas dispondrán de
los recursos necesarios para facilitar en aquellos centros
que se determine, de conformidad con lo establecido en
la legislación educativa vigente, el aprendizaje de las lenguas
de signos españolas al alumnado sordo, con discapacidad
auditiva y sordociego que, de acuerdo con lo
especificado en el artículo 5.c) de esta Ley, haya optado
por esta lengua. En caso de que estas personas sean
menores de edad o estén incapacitadas, la elección
corresponderá a los padres o representantes legales.
2. Las Administraciones educativas ofertarán, en los
centros que se determinen, entre otros, modelos educativos
bilingües, que serán de libre elección por el alumnado
sordo, con discapacidad auditiva y sordociega o sus
padres o representantes legales, en el caso de ser menores
de edad o estar incapacitados.
3. Los planes de estudios podrán incluir, asimismo
en los centros anteriormente citados, el aprendizaje de las
lenguas de signos españolas como asignatura optativa
para el conjunto del alumnado, facilitando de esta manera
la inclusión social del alumnado sordo, con discapacidad
auditiva y sordociego usuario de las lenguas de signos
españolas y fomentando valores de igualdad y respeto a
la diversidad lingüística y cultural.
4. Con el fin de disponer de profesionales debidamente
cualificados para la enseñanza de las lenguas de
signos españolas y, en su caso, para el uso previsto en el
capítulo II del título I de esta Ley, la Administración educativa
competente determinará las Titulaciones que, conforme
a la normativa existente sobre requisitos para su
ejercicio, considere oportunas y propiciará su formación
inicial y permanente.
5. Las Administraciones educativas establecerán
Planes y Programas de formación para el profesorado
que atiende al alumnado sordo, con discapacidad auditiva
y sordociego.
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Artículo 8. Del aprendizaje en la Formación no Reglada.
1. Las Administraciones educativas fomentarán la
cooperación de las familias, con menores sordos, con
discapacidad auditiva y sordociegos, con la institución
escolar o académica y cooperarán con las entidades asociativas
de personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas, y de sus familias, en la realización de cursos
de formación para el aprendizaje de las lenguas de signos
españolas.
2. Las Administraciones públicas competentes, asimismo,
cooperarán con las Universidades y con las entidades
asociativas de personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas y de sus familias en el aprendizaje
de las lenguas de signos españolas en otros ámbitos
sociales.
CAPÍTULO II
Uso de las lenguas de signos españolas
Artículo 9. Objeto.
De conformidad con la presente Ley se encomienda
a los poderes públicos promover la prestación de servicios
de intérpretes en lenguas de signos españolas a
todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas, cuando lo precisen, en las diferentes áreas
públicas y privadas que se especifican en el presente
capítulo.
Los poderes públicos, en los términos establecidos en
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y en sus normas de
desarrollo reglamentario, promoverán asimismo medidas
contra la discriminación y se establecerán medidas de
acción positiva en favor de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas usuarias de las lenguas
de signos españolas, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente capítulo.
Artículo 10. Acceso a los bienes y servicios a disposición
del público.
a) Educación.
Las Administraciones educativas facilitarán a las personas
usuarias de las lenguas de signos españolas su
utilización como lengua vehicular de la enseñanza en los
centros educativos que se determinen.
Igualmente promoverán la prestación de servicios de
intérpretes en lenguas de signos españolas por las personas
usuarias de las lenguas de signos españolas en los
centros que se determinen.
En el marco de los servicios de atención al alumnado
universitario en situación de discapacidad, promoverán
programas e iniciativas específicas de atención al alumnado
universitario sordo, con discapacidad auditiva y
sordociego, con el objetivo de facilitarle asesoramiento y
medidas de apoyo.
b) Formación y Empleo.
Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, relativo a medidas
para la aplicación del principio de igualdad de trato en el
ámbito laboral.
c) Salud.
Las Administraciones Públicas competentes promoverán
la prestación de servicios de intérpretes en lengua
de signos española y/o en las lenguas de signos propias
de las comunidades autónomas si las hubiera, en el caso
de que así se solicite previamente, para los usuarios que
lo necesiten en aquellos centros sanitarios que atiendan
a personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Igualmente adoptarán las medidas necesarias para
que las campañas informativas y preventivas en materia
de salud sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas en lenguas de signos
españolas.
d) Cultura, Deporte y Ocio.
Las Administraciones Públicas competentes promoverán
la prestación de servicios de intérpretes en lenguas
de signos españolas, en el caso de que así se solicite previamente,
para las personas que sean usuarias de la
misma, en aquellas actividades culturales, deportivas, de
esparcimiento y de ocio que se determinen, tales como
cines, teatros y museos nacionales, monumentos histórico-
artísticos del Patrimonio del Estado y visitas guiadas
en las que participen personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
Artículo 11. Transportes.
1. En las estaciones de transporte marítimo, terrestre
y aéreo que se determinen por las administraciones competentes,
en razón de la relevancia del tráfico de viajeros,
se prestarán servicios de intérpretes en lengua de signos
española y/o en las lenguas de signos propias de las
comunidades autónomas si las hubiera, en su ámbito
territorial para las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, en los puntos de información y
atención al público que asimismo se establezcan, todo
ello de acuerdo con las previsiones que se contengan en
los mecanismos de cooperación a que se refiere la disposición
final tercera de la Ley.
2. Se adoptarán las medidas necesarias para que las
instrucciones sobre normas de funcionamiento y seguridad
en los transportes se difundan también, siempre que
sea posible, en lengua de signos.
Artículo 12. Relaciones con las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas competentes promoverán
la prestación de servicios de intérpretes en lengua
de signos española y/o en las lenguas de signos propias
de las comunidades autónomas si las hubiera, en el
caso de que así se solicite previamente, para las personas
que sean usuarias de la misma, al objeto de facilitar las
relaciones de las personas sordas, con discapacidad auditiva
y sordociegas con las Administraciones Públicas.
2. En relación con la Administración de Justicia y
Penitenciaria se promoverán las condiciones adecuadas,
tales como formación y disponibilidad de servicios de
intérprete de lengua de signos española y/o en las lenguas
de signos propias de las comunidades autónomas si
las hubiera, para hacer efectiva la aplicación de lo dispuesto
en el artículo 143 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
así como en los procesos que se rigen por la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, respecto de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas.
Artículo 13. Participación política.
1. Los poderes públicos, los partidos políticos y los
agentes sociales facilitarán que las informaciones institucionales
y los programas de emisión gratuita y obligatoria
en los medios de comunicación, de acuerdo con la legislación
electoral y sindical, sean plenamente accesibles a
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
mediante su emisión o distribución en lengua de
BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 43257
signos española y/o en las lenguas de signos propias de
las comunidades autónomas si las hubiera.
2. Las Cortes Generales, Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales
y Corporaciones y Entidades Locales promoverán la interpretación
en lengua de signos española y/o en las lenguas
de signos propias de las comunidades autónomas si las
hubiera, en aquellas reuniones plenarias de carácter
público y en cualesquiera otras de interés general en que
así se determine, cuando haya participación de personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y se solicite
previamente.
Artículo 14. Medios de comunicación social, telecomunicaciones
y sociedad de la información.
1. Los poderes públicos promoverán las medidas
necesarias para que los medios de comunicación social,
de conformidad con lo previsto en su regulación específica,
sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas mediante la incorporación de
las lenguas de signos españolas.
2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las
medidas necesarias para que las campañas de publicidad
institucionales y los distintos soportes audiovisuales en
los que éstas se pongan a disposición del público sean
accesibles a estas personas.
3. Se establecerán las medidas necesarias para
incentivar el acceso a las telecomunicaciones en lengua
de signos española.
4. Las páginas y portales de Internet de titularidad
pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a
los estándares establecidos en cada momento por las
autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de
los correspondientes sistemas de acceso a la información
en la lengua correspondiente a su ámbito lingüístico.
5. Cuando las Administraciones Públicas promuevan
o subvencionen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios
en los que participen personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, facilitarán su accesibilidad
mediante la prestación de servicios de intérpretes en
lengua de signos española y/o en las lenguas de signos
propias de las comunidades autónomas si las hubiera,
previa solicitud de los interesados.
6. Los mensajes relativos a la declaración de estados
de alarma, excepción y sitio, así como los mensajes institucionales
deberán ser plenamente accesibles a todas las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Artículo 15. Centro de Normalización Lingüística de la
Lengua de Signos Española.
Se crea el Centro de Normalización Lingüística de la
Lengua de Signos Española. El Gobierno, oído el Consejo
Nacional de la Discapacidad, regulará en el Real Patronato
sobre Discapacidad este centro con la finalidad de investigar,
fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta
lengua. El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua
de Signos Española contará con profesionales expertos
en lengua de signos española y en sociolingüística, y
desarrollará sus acciones manteniendo consultas y estableciendo
convenios con las Universidades y las entidades
representativas de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas y de sus familias. Estará
regido por un órgano colegiado de carácter paritario entre
representantes de la Administración del Estado y entidades
representativas del movimiento asociativo de la
comunidad lingüística de las personas usuarias de la lengua
de signos española. Además, contará con una presidencia
y una secretaría cuyos titulares serán representantes
de la Administración del Estado.
TÍTULO II
Aprendizaje, conocimiento y uso de los medios
de apoyo a la comunicación oral
CAPÍTULO I
Aprendizaje y conocimiento de los medios de apoyo
a la comunicación oral
Artículo 16. Del aprendizaje en la Formación Reglada.
1. Las Administraciones educativas dispondrán lo
necesario para facilitar, conforme a la legislación educativa
vigente, el aprendizaje de la lengua oral y de los
medios de apoyo a la comunicación oral, que así lo precisen,
al alumnado sordo o con discapacidad auditiva y
sordociego, que, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 5.c) de esta Ley, haya elegido esta lengua. En
caso de que estas personas sean menores de edad o
estén incapacitadas, la elección corresponderá a sus
padres o representantes legales.
2. Con el fin de disponer de profesionales debidamente
cualificados para la enseñanza de los medios de
apoyo a la comunicación oral, cuando así se requiera, y,
en su caso, para el uso previsto en el Capítulo II del Título II,
la Administración educativa competente determinará las
Titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre
requisitos para su ejercicio considere oportunas y propiciará
su formación inicial.
3. Las Administraciones educativas promoverán Planes
y Programas de formación para el profesorado que
atiende al alumnado sordo o con discapacidad auditiva y
sordociego.
Artículo 17. Del aprendizaje en la Formación no
Reglada.
1. Las Administraciones educativas fomentarán la
cooperación de las familias con menores sordos, con discapacidad
auditiva y sordociegos con la institución escolar
o académica y cooperarán con las entidades asociativas
de personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas y de sus familias en la realización de cursos
de formación para el aprendizaje de los medios de apoyo
a la comunicación oral que así lo precisen.
2. Las Administraciones públicas competentes, asimismo,
cooperarán con las Universidades y con las entidades
asociativas de personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas y de sus familias en el aprendizaje
de los medios de apoyo a la comunicación oral.
CAPÍTULO II
Uso de los medios de apoyo a la comunicación oral
Artículo 18. Objeto.
De conformidad con la presente ley, se encomienda a
los poderes públicos promover el uso de los medios de
apoyo a la comunicación oral por las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas, en las diferentes
áreas que se especifican en el presente capítulo.
Los poderes públicos, en los términos establecidos en
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad y en sus normas de desarrollo
reglamentario, promoverán asimismo medidas
contra la discriminación y establecerán medidas de acción
positiva en favor de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas usuarias de medios de apoyo
a la comunicación oral, de conformidad con lo dispuesto
en el presente capítulo.
43258 Miércoles 24 octubre 2007 BOE núm. 255
Artículo 19. Acceso a los bienes y servicios a disposición
del público.
a) Educación.
Las Administraciones educativas facilitarán a las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, usuarias
de la comunicación oral su utilización en los centros
educativos que se determinen.
Igualmente promoverán la prestación de los medios de
apoyo a la comunicación oral por las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de la comunicación
oral en los centros que se determinen.
En el marco de los servicios de atención al alumnado
universitario con discapacidad, promoverán programas e
iniciativas específicas de atención al estudiante universitario
sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, con el
objetivo de facilitarle asesoramiento, orientación y medios
de apoyo a la comunicación oral.
b) Formación y Empleo.
Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, relativo a medidas para
la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito
laboral.
c) Salud.
Las Administraciones sanitarias promoverán los
medios de apoyo a la comunicación oral de los usuarios
que los necesiten en aquellos centros sanitarios que
atiendan a personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas.
Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que
las campañas informativas y preventivas en materia de
salud sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas mediante la incorporación de la
subtitulación y de otros recursos de apoyo a la comunicación
oral.
d) Cultura, Deporte y Ocio.
Las Administraciones competentes promoverán el
establecimiento de los medios de apoyo a la comunicación
oral para las personas que sean usuarias de los mismos,
en aquellas actividades culturales, deportivas, de recreación
y de ocio, que se determinen, tales como cines, teatros
y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos
del Patrimonio del Estado y visitas guiadas en las que participen
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Artículo 20. Transportes.
Las estaciones de transporte marítimo, terrestre y
aéreo que se determinen por las administraciones competentes
en razón de la relevancia del tráfico de viajeros,
contarán con medios de apoyo a la comunicación oral para
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas,
en los puntos concretos de información y atención al
público que asimismo se establezcan, todo ello de acuerdo
con las previsiones que se contengan en los mecanismos
de cooperación a que se refiere la disposición final tercera
de la Ley.
Se adoptarán las medidas necesarias para que las instrucciones
sobre normas de funcionamiento y seguridad
en los transportes se difundan también, siempre que
sea posible, a través de medios de apoyo a la comunicación
oral.
Artículo 21. Relaciones con las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas promoverán las condiciones
adecuadas, tales como formación y disponibilidad
de medios de apoyo a la comunicación oral, para facilitar
las relaciones de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas con las Administraciones Públicas.
En relación con la Administración de Justicia, se promoverán
las condiciones adecuadas, tales como formación
y disponibilidad de medios de apoyo a la comunicación
oral, para hacer efectiva la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 143 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en
los procesos que se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
respecto de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
Artículo 22. Participación política.
1. Los poderes públicos, los partidos políticos y los
agentes sociales facilitarán que las informaciones institucionales
y los programas de emisión gratuita y obligatoria
en los medios de comunicación, de acuerdo con la legislación
electoral y sindical, sean plenamente accesibles a las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
mediante su emisión o distribución a través de medios de
apoyo a la comunicación oral.
2. Las Cortes Generales, Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y
Corporaciones y Entidades Locales promoverán la existencia
y empleo de los medios de apoyo a la comunicación
oral y la subtitulación, en aquellas reuniones plenarias de
carácter público y en cualesquiera otras de interés general
en que así se determine, cuando haya participación de personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y lo
soliciten previamente.
Artículo 23. Medios de comunicación social, telecomunicaciones
y sociedad de la información.
1. Los poderes públicos promoverán las medidas
necesarias para que los medios de comunicación social de
titularidad pública o con carácter de servicio público, de
conformidad con lo previsto en su regulación específica
sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas a través de medios de apoyo a la
comunicación oral.
2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las
medidas necesarias para que las campañas de publicidad
institucionales y los distintos soportes audiovisuales en los
que dichas campañas se pongan a disposición del público
sean accesibles a estas personas mediante la incorporación
del subtitulado.
3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar
el acceso a las telecomunicaciones a través de medios
de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación.
4. Las páginas y portales de Internet de titularidad
pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a
los estándares establecidos en cada momento por las
autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de
los correspondientes sistemas de acceso a la información.
5. Cuando las Administraciones Públicas promuevan
o subvencionen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios
en los que participen personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, facilitarán su accesibilidad
mediante la utilización de medios de apoyo a la comunicación
oral, previa solicitud de los interesados.
Artículo 24. Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción.
Se crea el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción.
El Gobierno, oído el Consejo Nacional de la
Discapacidad, regulará en el Real Patronato sobre Discapacidad
este centro con la finalidad de investigar, fomentar,
promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la
subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo
BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 43259
a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas. El Centro Español del Subtitulado
y la Audiodescripción desarrollará sus acciones manteniendo
consultas y estableciendo convenios con las
entidades representativas de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas y de sus familias.
Disposición adicional primera. Comisión de Seguimiento
de la Ley.
Se crea una Comisión de Seguimiento en el seno del
Consejo Nacional de la Discapacidad, en la que tendrán
presencia las organizaciones de personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas y de sus familias, con el
objetivo de impulsar y velar por el cumplimiento de las
medidas contenidas en esta Ley, proponiendo las medidas
oportunas para su plena eficacia.
La citada Comisión se constituirá en el plazo de un año
desde la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición adicional segunda. Garantías de dotación
estructural.
Los poderes públicos promoverán los recursos humanos,
técnicos y económicos necesarios para cubrir las
medidas de acción positiva objeto de esta Ley.
Disposición adicional tercera. Garantías jurídicas.
Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III, Sección 2.ª,
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, en relación con el arbitraje
y la tutela judicial.
Disposición adicional cuarta. Régimen transitorio de la
situación de los intérpretes y profesionales de las lenguas
de signos españolas.
El Gobierno de la Nación, a propuesta de las administraciones
competentes, de acuerdo con la legislación
vigente en la materia, analizará la situación de los intérpretes
y profesionales de las lenguas de signos españolas que
han adquirido su formación a través de enseñanzas no
regladas, con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, en orden a su regulación administrativa.
Disposición adicional quinta. Profesionales de las lenguas
de signos.
Después de la entrada en vigor de la presente Ley el
Gobierno elaborará un estudio sobre los profesionales de
las lenguas de signos y las titulaciones necesarias para su
desempeño.
Disposición adicional sexta. Atención a la sordoceguera.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realizará un
estudio en el que se determine el número de personas con
sordoceguera, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica,
a efectos de determinar los centros de referencia
que se deberán crear, así como el establecimiento de
recursos más acordes con las especiales necesidades de
este colectivo.
Disposición adicional séptima. Ayudas técnicas a la audición.
Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias,
aportarán financiación para la adquisición de apoyos
técnicos para personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.
Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva
del Estado para regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al
artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda. Supletoriedad de la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre.
En lo no regulado expresamente en esta Ley, se estará
a lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, así como
a sus normas de desarrollo.
Disposición final tercera. Financiación.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales atiende a la
ejecución de lo dispuesto en la presente Ley con los presupuestos
asignados para el cumplimiento de sus competencias
en materia de discapacidad.
A este fin se establecerán mecanismos de cooperación
con los Ministerios competentes por la materia y con las
distintas Administraciones Públicas competentes, según
proceda.
En particular, la Administración General del Estado
coadyuvará a financiar el fomento, la investigación y la
difusión del uso de la lengua de signos catalana.
Disposición final cuarta. Facultades de ejecución y
desarrollo.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y previa
consulta a las conferencias sectoriales correspondientes y
al Consejo Nacional de la Discapacidad, queda autorizado
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de esta Ley. Asimismo, el Gobierno
elaborará, específicamente, un reglamento que desarrolle
la utilización de la lengua de signos española, así como los
apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya
a la eliminación de las barreras de comunicación para
la integración social de las personas sordas con discapacidad
auditiva o sordociegas.
Disposición final quinta. Aplicación de la Ley.
Las previsiones contempladas en la presente Ley tendrán
una aplicación gradual en las diferentes áreas a que
se refiere el artículo 6.
Las normas establecidas en los artículos 10, 11, 12, 13,
14, 19, 20, 21, 22 y 23 de la presente Ley se aplicarán de
acuerdo con los plazos y calendarios previstos en las disposiciones
finales quinta, sexta, séptima, octava y novena
sobre condiciones de accesibilidad y no discriminación de
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,
que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 23 de octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO


FUENTE: Difusord (B.O.E.)(24/10/2007)

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