Discapacitados más vulnerables
Por Rogelio Hernández López
"Fox nos usó de bandera electoral…"

"Atender a las personas con discapacidad será prioridad de mi gobierno", prometió Vicente Fox. Pero las ONG hacen un balance lastimero: "No cumplió. Nunca se elevaron las políticas públicas a rango de Estado, los presupuestos disminuyeron, se degradó la atención en salud y educación, y se rompió la interlocución porque se actuó discrecionalmente y con proselitismo; el único programa nuevo fue de empleo y se entregó a una fundación privada. Es triste, pero Fox nos usó de bandera electoral…"

Covadonga Pérez Villegas -Covita, le dicen todos- destila irritación cuando habla del presidente Vicente Fox. "No cumplió sus promesas. No pudo y no quiso. Provocó retrocesos. El peor es que rompió la unidad del movimiento de organizaciones no gubernamentales y sedimentó la interlocución por afanes proselitistas. Yo sé por qué -se duele-, nunca entendió que el asistencialismo no basta para atender a las personas con discapacidad como un problema social y nacional. Su concepción es limitada. Hace poco me dijo: 'La verdad es que yo les tengo muchas consideraciones a ustedes'. Así nos ve, con lastima, en lugar de tener una visión de estadista".

Covita calla, aspira hondo. Su rostro se fue endureciendo conforme hacía su balance. El silencio se quiebra cuando la dirigente de la asociación civil Mujeres en Serio aleja un poco su silla de ruedas de la mesa de conversación. Entonces interviene Jesús Eduardo Toledano, quien representa a la Fundación Dime. "Se lo dijimos varias veces al presidente: que la forma en que se conducía su oficina para la atención de personas con discapacidad estaba cambiando el curso de las políticas establecidas desde antes de esta administración. Lo que provocó fueron retrocesos graves en varios aspectos".

-¿Cómo cuáles?

"La oficina presidencial operó sin reconocer, en los hechos, el trabajo realizado conjuntamente por el movimiento social de personas con discapacidad en los sexenios anteriores; se perdieron años de trabajo institucional, reproduciéndose de nueva cuenta el fenómeno asistencial y la falta de continuidad de las políticas públicas ya existentes y probadas. Ni siquiera tuvieron capacidad de proponer un programa nacional para unificar los subprogramas segmentados en distintas dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales.

-Explíquense -pide el reportero. La conversación se prolonga por más de tres horas y luego cada afirmación es reforzada con documentos. Ambos dirigentes sociales son ampliamente conocidos en el movimiento. Su actividad de muchos años los llevó a ser parte de la Asamblea (ciudadana) Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que preside Gilberto Rincón Gallardo. Sin titubeos repiten los datos de un balance que parecen manejar de memoria, sobre todo sus aspectos negativos.

Disminución de recursos

"El monto de los recursos públicos que se habían venido asignando a los programas de discapacidad, dejó de crecer en el año 2001. Y, al contrario, el total bajó sistemáticamente hasta 2005. Para 2006, aunque aparentemente se recuperó en el presupuesto federal, se concentró en algunas aspectos donde pudiera estarse haciendo proselitismo electoral", asevera Jesús Eduardo Toledano.

Muestra su cuadro estadístico con datos oficiales de la cuenta pública en poder de la Cámara de Diputados. El presupuesto autorizado de egresos federales para la población con discapacidad en el año 2001 fue superior a los mil 200 millones de pesos con relación al 2000, distribuidos en nueve dependencias del Ejecutivo federal, con excepción de la Presidencia que todavía no tenía oficina especial.

Para 2002, según sus datos, el montó cayó a 965 millones. En relación con 2002, el total asignado bajó 25.1 por ciento en 2003, 14 por ciento en 2004, y 14 por ciento para 2005.

"Ellos dirán -se anticipa Jesús Toledano- que el presupuesto subió para el 2006. Y es cierto de un año a otro, pero si comparamos con las bajas anteriores se ve que son mentirosos. Más aún si vemos que el monto de mil 71 millones de pesos es menor al del 2000, y observamos que éste apenas es aplicable a los programas del Instituto Nacional de Rehabilitación, al Nacional de Atención a personas con discapacidad del DIF, y al de integración educativa. Nada más.

"Para este año ya no hubo partidas para infraestructura dirigida a personas con discapacidad, por parte de la Secretaría de Salud. Y, además se siguieron dejando fuera otras áreas que reclaman atención como trabajo, transporte, deporte adaptado y paralímpico, derechos humanos, cultura y un amplio rango de necesidades que deberían estar acotadas en programas de desarrollo y asistencia social, como los apoyos a la educación, a la capacitación y a proyectos productivos o sociales.

"El resultado final en recursos -evalúa Toledano-, es que en seis años no creció la cobertura de atención y el presupuesto del 2006 apenas será suficiente para subsanar las necesidades de 300 mil personas con discapacidad a escala nacional, del total de 10 millones o más que se ofreció atender.

La oficina

-¿Para qué sirvió la oficina presidencial? Ustedes y otros fueron colaboradores de ella -acusa el periodista.

"La oficina enredó en lugar de ayudar", rebota Covita.

"El asunto es que nunca se definió claramente para qué había sido creada", amplía Jesús.

-¿Cómo lo prueban?

"La discapacidad en México fue acumulando rezagos sociales -ubica Toledano-.La problemática había sido ignorada políticamente hasta principios de la década de los noventa, cuando comenzó a cobrar fuerza el movimiento social de personas con discapacidad, conformado por activistas, padres de familia, especialistas, médicos, profesionales, maestros, educadores, técnicos y más de 800 organismos sociales.

"Eran los tiempos del PRI, y se logró sensibilizar para que hubiera atención específica en las principales dependencias de atención social, como la salud, la educación, la familia. Por eso cuando llega Vicente Fox, los presupuestos en esos y otros rubros eran altos y específicos para atender a las personas con discapacidad.

"Cuando Vicente Fox decidió abrir la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad en la Presidencia de la República, muchos vimos la posibilidad de fortalecer el esquema de atención, impulsando los programas existentes y otros nuevos, desde un centro de acción. A esto le llamamos el desarrollo de políticas transversalmente, para lograr que todas las instituciones del país continuaran construyendo acciones, servicios y programas".

En resumen, asienten los dos, era la posibilidad de construir un programa nacional con políticas coordinadas y un instrumento coordinador, también de Estado como el programa nacional.

"Pero la oficina presidencial -se anticipa Covadonga Pérez-, fue creada sin facultades y atribuciones legales; operó al margen de la Ley para la Administración Pública Federal. Eso, además de que le impedía trabajar en muchos sentidos, lo que hacía era enredar lo existente. Por ejemplo, trajo efectos negativos en el desempeño de las dependencias que mejor operaban los programas de asistencia".

-¿Cuáles dependencias?

"Por ejemplo el DIF (Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia) que en el transcurso de su historia se ha especializado en el desarrollo de políticas públicas y programas de atención para personas con discapacidad. Y la oficina presidencial comenzó a querer convertirse en la máxima autoridad para determinar los programas operativos de esta y otras dependencias, pero sin tener derecho, es decir carecía de respaldo en las leyes y reglamentos, tampoco tenía injerencia real en ejercicio de los presupuestos de egresos ni en los órganos de supervisión administrativa y fiscal.

"El resultado fue enredar y minimizar en los hechos al DIF. Igual ocurrió con las instancias específicas de las secretarías de Salud y de Educación, debido a la falta de precisión reglamentaria para establecer decisiones de carácter político e institucional. La oficina estaba actuando para ser un lastre y provocar retrocesos. Eso es lo que vimos desde el 2002 y lo dijimos abiertamente, pero no se corrigió", resume Covadonga Pérez que recibe apoyo con movimientos de cabeza de Jesús Toledano.

Los rezagos

-¿Por qué acusan que, tras cinco años de esta oficina presidencial, habría crecido la vulnerabilidad de los discapacitados del país?

"Lo podemos probar con en la cobertura de programas y la atención a las personas con discapacidad. No sólo no crecieron sino que se acumularon rezagos", responde Toledano y muestra otros documentos con datos.

"En educación especial -explica-, se registran informes que aparentan avances pero son altamente deficientes en todo el período 2000-2006.

Actualmente existen mil 292 Centros de Atención Múltiple en el país, que atienden 101 mil 491 niños y jóvenes, de 327 mil censados por el INEGI en 2000. De éstos centros, la mayoría, mil 127 ofrecen educación primaria, pero sólo 453 cuentan con la modalidad de intervención temprana y únicamente 376 ofrecen capacitación laboral. Cabe destacar que ocho entidades no cuentan con la modalidad de intervención temprana. Asimismo, el número de centros que ofrecen capacitación laboral es insuficiente.

"La deficiencia estriba en que uno de los principales errores fue reducir al mínimo los recursos a la educación especial, con la supuesta compensación de que todas las personas con discapacidad pueden educarse mediante el sistema de integración educativa, lo que desde la óptica de los expertos, debe ser una combinación de ambos sistemas. Aunado a lo anterior, continúan siendo conocidos en todos los niveles del sistema educativo las actitudes de discriminación que involucran a profesores y autoridades.

"En materia laboral 75 por ciento de las personas con discapacidad carecemos de empleo y las políticas establecidas muestran un rotundo fracaso con información de la misma Secretaria del Trabajo y Previsión Social. En el 2002 se puso en marcha el programa Chambapar. Sus resultados fueron la colocación temporal de 441 personas con discapacidad y 760 personas de la tercera edad, a escala nacional.

"En los años 2003 y 2004 prácticamente no existió programa alguno de creación de empleos. En cambio, la Secretaría del Trabajo reportó como acciones positivas y avanzadas las reuniones de discapacitados con expertos para analizar el proceso de reintegración laboral en el Encuentro Nacional de Rehabilitación para el Trabajo, y la realización de "cabildeo legislativo para el logro de beneficios fiscales para las empresas que contratan a personas con discapacidad". Eso fue todo.

"Más recientemente, el 2 de septiembre, se aprobó la operación del Programa de Emprendedores con Discapacidad y se dijo que es para impulsar el desarrollo de opciones productivas y de negocio para personas con discapacidad, en alianza con empresas de productos y servicios. Se planeó generar seis mil empleos en 18 sociedades cooperativas.

"Pero esto tiene dos lados oscuros. No se informó en cuánto tiempo se haría, ni que la coordinación y ejecución del programa se entregó a una fundación privada con registro de asociación civil, denominada Ecodis, a pesar de que el Gobierno Federal le entregó a Víctor Hugo Flores (coordinador de la oficina presidencial) los primeros 40 millones de pesos.

"Y frente a todo ello está la falta de canales de intercomunicación y de apoyo a proyectos de desarrollo y el menosprecio a muchos de los promotores, lo que llevó al movimiento social y a las organizaciones a una crisis que las menguó. Esto también aumentó la vulnerabilidad".

Covadonga Pérez y Jesús Eduardo Toledano abundan una y otra vez con los datos de su balance, y concluyen con el problema que dicen es el de fondo: "Mientras el gobierno de cualquier partido considere que la problemática de las personas con discapacidad en México es un asunto puramente asistencial y de baja prioridad en la atención del Estado, esta población seguirá condenada a la marginación, la pobreza y la ausencia de oportunidades".

Recuadro

La Constitución no reconoce la discapacidad

Al reformarse el Artículo 1° de la Constitución Política se provocó un despropósito que es tema de polémica, al asentar que los discapacitados son personas con "capacidades diferentes".

El término "Discapacidad" fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1989, a propuesta de la Organización Mundial de la Salud, con el consenso de 75 países que durante diez años trabajaron en el análisis de una nueva terminología para identificar a 600 millones de personas que, entonces se calculaba, padecían alguna limitación física, intelectual o sensorial.

El término fue aceptado por la Real Academia de la Lengua Española en 1990. Etimológicamente el prefijo "Dis" significa trastorno (Dis-capacidad visual, es un trastorno en la capacidad de ver). En general, significa una falta de habilidad en algún ramo específico. Otros términos, quizá más comunes, serían erróneos, por ejemplo, "incapacidad" o "minusválido", porque reflejarían a las personas "sin habilidad" o de "menor valor".

Fuentes: National Information Center for Children and Youth with Disabilities (NICHCY). Iniciativa del diputado federal Omar Bazán Flores en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, para sustituir "Capacidades diferentes" por Discapacidad en el artículo primero de la Constitución.

Recuadro

Fox y la discapacidad

El 4 de diciembre del 2000, por instrucciones del Presidente Vicente Fox, se creó la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, a cargo de Víctor Hugo Flores.

El 13 de febrero de 2001 se publicó el acuerdo que crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (Codis).

Antes de éste ya existía la Comisión Nacional Coordinadora del Programa Nacional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, presidida por el DIF Nacional.

Cuatro años y siete meses después de creada la oficina presidencial, el 10 de julio de 2005, se promulgó la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Quince meses antes del final del sexenio, el 7 de Septiembre de 2005, se instaló el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Su presidente es el Secretario de Salud.

Quedan pendientes:

La promulgación del reglamento del nuevo Consejo; la definición de metodologías y herramientas para tener datos y estadísticas confiables; el proceso de discusión y definición del Programa Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, que defina la política de Estado en la materia, coordine programas a nivel nacional, estatal y municipal y norme la participación de las organizaciones civiles en las políticas y vigilancia. Casi todo lo que estaba pendiente seis años antes.

Fuente: Fundación Dime. (12 de Febrero de 2006)

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