LA LEY GARANTIZA A SORDOS, INTÉRPRETES EN LENGUA DE SIGNOS, EN SERVICIOS

El Consejo de Ministros aprobó hoy un anteproyecto de ley que reconoce legalmente la lengua de signos, que garantizará a las personas sordas y con discapacidad auditiva la utilización de intérpretes en numerosos servicios, desde escuelas a hospitales, y en las relaciones
con las administraciones públicas.

El Consejo remitió este texto al Consejo de Estado para que lo dictamine antes de enviarlo al Parlamento, el mismo camino que seguirá el anteproyecto de ley que fija las sanciones para quien discrimine a los discapacitados, que van desde los 300 euros al millón de euros.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó ambos textos tras la reunión del Consejo y aseguró que su objetivo es dar la ciudadanía plena a los discapacitados, de modo que su situación sea sólo una condición física, y no una barrera.

Según sus datos, alrededor de 900.000 personas presentan en España una discapacidad auditiva y, de ellas, 200.000 son sordas.

El anteproyecto de la ley de signos, sólo comparable a la legislación finlandesa, según apuntó Caldera, garantizará el derecho a aprender esa lengua a quien lo desee y también reconocerá el derecho a su uso a través de intérpretes y otros medios, como el subtitulado, en numerosos ámbitos.

Las administraciones educativas determinarán qué centros ofrecen enseñanza bilingüe y podrán incluir la lengua de signos como asignatura optativa, y las personas sordas podrán solicitar el uso de intérpretes en hospitales, centros culturales, deportivos y de ocio y en las relaciones con las administraciones públicas, de modo singular en la justicia, explicó el ministro.

También ofrecerán servicio de interpretación o de subtitulado las principales estaciones de transporte -desde ferroviarias a aéreas-y, cuando lo soliciten las personas discapacitadas, las instituciones políticas, desde las Cortes Generales a las asambleas autonómicas.

Caldera confió también en que dentro de poco tiempo el subtitulado se generalice en los medios de comunicación, objetivo en el que trabaja el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción.

Entre los sistemas de apoyo a la comunicación oral que garantiza la ley, el sistema sanitario facilitará además audífonos e implantes cloqueares a quien lo necesite.

Para disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de esta lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación, la administración educativa determinará las titulaciones que considere oportunas.

El anteproyecto crea también, en el Real Patronato sobre Discapacidad, el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, organismo que se encargará de investigar, fomentar y difundir el buen uso de esa lengua.

El texto también reconoce, en su ámbito de uso, la existencia de la lengua de signos catalana, que es, junto a la española, la única reconocida por la comunidad sorda que utiliza los signos en España.

La rueda de prensa del Consejo de Ministros fue uno de los primeros ejemplos de aplicación del anteproyecto, ya que todas las intervenciones fueron traducidas a la lengua de signos y subtituladas, y la pregunta de un periodista que interpeló al ministro a través de la lengua de signos fue traducida a la lengua oral.

Por otra parte, el anteproyecto de ley que fija las sanciones para quien incumpla la normativa relativa a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad establece multas que van desde los 300 euros al millón de euros.

Las infracciones se graduarán desde leves a muy graves teniendo en cuenta la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocio de la empresa y el número de personas afectadas.



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Fuente:
AGENCIA EFE (16/09/2005)

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