México aprueba una nueva ley para personas con discapacidad en la que declara la Lengua de Signos como lengua oficial
Aborda materias como la salud, la habilitación o la rehabilitación, empleo y accesibilidad arquitectónica


Con 369 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones, el Congreso de México ha dado su visto bueno al proyecto de decreto presentado a finales del mes de abril, que aborda de manera específica a las personas con discapacidad en las materias de salud, habilitación y rehabilitación, empleo y capacitación, educación, equipamiento, accesibilidad arquitectónica, transporte, telecomunicaciones, vivienda, asistencia social y jurídica, y el arte y cultura.

Será obligatorio ofrecer servicios de educación especial a las personas que por su grado de discapacidad no puedan acceder al sistema de enseñanza regular.

La nueva legislación declara como lengua oficial en todo el Estado la lengua de signos. De ello deriva la necesidad de formar grupos de capacitación y de diseñar e instrumentar el Subsistema Nacional de Educación Pública Bilingüe para sordos que comprenda la enseñanza del idioma español y el lenguaje de señas.

La ley establece que todas aquellas personas que no puedan acceder a una correcta integración educativa, laboral o social, deberán recibir servicios de prevención, sanitarios, de habilitación y rehabilitación. En el ámbito de la prevención, se establece la necesidad de tomar medidas que impidan la generación de deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales.

A su vez, la rehabilitación, por un tiempo determinado, es materia obligatoria con el fin de que el afectado alcance un nivel físico, sensorial o mental óptimo que le permita compensar la pérdida de una función e integrarse mejor en la sociedad.

En este sentido, la ley lanza una medida de estimulación temprana para los niños de 0 a 7 años, consistente en una atención brindada para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas mediante programas secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de su maduración.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá promover e impulsar políticas y programas nacionales destinados a la integración laboral de los discapacitados. A las personas discapacitadas no se les podrá prohibir la libre elección del empleo o restringir su acceso, permanencia o ascenso al mismo, ni limitar su acceso a los programas de capacitación.
Los empresario deberán proporcionar a sus empleados con discapacidad el material y equipo necesarios, contar con material sanitario y disponer de personal capacitados en el lenguaje de señas que permita la comunicación entre el jefe inmediato y el trabajador con discapacidad auditiva.

Por su parte, el trabajador discapacitado deberá mantener unos requisitos de higiene, así como reconocimientos médicos previstos en la normatividad.

En lo que a la educación respecta, deberán facilitarse servicios bibliotecarios especializados, así como inmuebles, infraestructuras y personal apropiados y con material de consulta adaptado a cualquier tipo de discapacidad. Además, el personal docente deberá estar adecuadamente formado.

Además, se promoverá programas que impulsen la participación pública y privada para el establecimiento de internados y escuelas regulares bilingües para niños sordos, favoreciendo a los que provengan de zonas rurales y de escasos recursos económicos.

Se han establecido disposiciones concretas en materia de equipamiento, accesibilidad arquitectónica, transporte, telecomunicaciones y vivienda para que las personas con discapacidad dispongan de un entorno adaptado a su condición. En estas disposiciones se recoge desde la correcta señalización informativa hasta las facilidades para la concesión de créditos a los discapacitados.

Se establece que los medios de transporte y comunicación serán accesibles, seguros, cómodos, de calidad y funcionales. En caso necesario, se lanzarán programas que estimulen a las empresas

Fuente: Solidaridaddigital 13/05/2003

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